De esa manera se podría dar un paso adelante en la redistribución de ingresos a los territorios. Ese fue uno de los argumentos que tuvo más relevancia durante la sexta sesión de Diálogos territoriales: gobernanza y ley de distribución de competencias, una apuesta de la UNAL Medellín y la Escuela de Alto Gobierno de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

La Ley de Competencias es un proyecto de ley orientado a reglamentar la entrega de mayores recursos económicos a municipios y departamentos para su desarrollo autónomo; a su vez, es resultado de la reforma al Sistema General de Participación (SGP), aprobada en 2014, para incrementar gradualmente la participación de las regiones en ingresos, pasando del 28% al 39,5% en máximo 12 años, a partir del 2027.

Con las sesiones de los Diálogos territoriales: gobernanza y ley de distribución de competencias se promueven reflexiones en torno a la reforma y a la construcción futura de la norma. Al evento asistieron personas que ejercen funciones públicas en veedurías y organizaciones, así como académicos, quienes participaron con conferencias magistrales y espacios de análisis.

Precisamente, de la más reciente sesión surgieron conclusiones como que, en Colombia, no se ha dado una descentralización real que se manifieste en la autonomía de los territorios para que ejerzan la planeación según sus necesidades particulares y, en ello, hay un reto para avanzar en el cumplimiento de los objetivos y en la redistribución de las competencias de acuerdo con las realidades territoriales. Uno de los inconvenientes es que, a pesar de ser requerido el avance en programas concretos, no hay disponibilidad suficiente de recursos.

Igualmente, en relación con la reforma estructural del SGP, sigue latente la necesidad de despolitizar, pues es imperante hacerlo, tanto para redistribuir los recursos con criterios de equidad, como para fortalecer equipos técnicos en los territorios y que estos puedan desarrollar, de la manera más idónea, las tareas que les corresponden.

De acuerdo con Yenny Ramírez, directora del Doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNAL Bogotá, entre los puntos por fortalecer también está el de vigorizar la institucionalidad a nivel local, pues el recurso humano es escaso; a veces, incluso, una persona desarrolla varias tareas, limitándose a capacidades técnicas de actualización de catastros o a la planeación adecuada en las divisiones territoriales, lo que no permite abordar de manera adecuada los retos regionales asociados al desarrollo sostenible que tengan en cuenta las realidades sociales, culturales y ambientales.

Así como se requiere robustecer el talento humano dedicado a estas tareas, también se necesita de capacitación del personal, fomentar más la participación y el control ciudadano con veedurías, el relevo generacional, la planeación territorial y sostenible, así como la pedagogía territorial para que este conocimiento lo adquieran las comunidades de los territorios y así puedan desempeñar roles preponderantes en la toma de decisiones.

Para Yesid Rodríguez, docente de la ESAP, es de gran relevancia que la planificación se haga a partir de necesidades y saberes comunitarios e incluir aspectos como la pertinencia de la simplificación de indicadores, procesos y plataformas de información pública. Dijo que “habrá muchas normas que se tendrán que modificar y eso va a implicar, incluso, llegar a discusiones mucho más amplias, pero apoyando la idea de la planificación situada”.

Según Sergio Álvarez, profesor ocasional de la Escuela de Economía de la UNAL Bogotá, hay otros temas que se deben poner sobre la mesa, como la necesidad de descentralización por las brechas entre municipios y departamentos que, por ejemplo, en el caso de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín, concentran la riqueza al ser las ciudades con mayor recaudo y mejores condiciones de vida.

Dialogar para pensar el país

El proceso que llevan a cabo la UNAL Medellín y la ESAP busca materializar la expresión de los territorios con respecto a sus necesidades, insumos y líneas de trabajo para su proyección bajo principios como el pluralismo, la equidad, la inclusión, la garantía de derechos y la ruralidad, como destacó Liliana Estupiñán, asesora temática de la Escuela de Alto Gobierno de la ESAP.

Por su parte, para Álvaro Andrés Villegas Vélez, director de Investigación y Extensión de la UNAL Medellín, la iniciativa conjunta coadyuva a fortalecer la democracia y avanzar hacia un modelo de país más equitativo, autónomo y descentralizado. Para él, la apertura de los diálogos posibilita un debate que reúna un acumulado de saberes y experiencias. En ese sentido, consideró el espacio como “fértil en ideas, abierto al disenso y comprometido con un país más descentralizado, dialogante y, sobre todo, más justo”.

(FIN/KGG)

7 de julio de 2025