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Hilvanar análisis académicos como aporte para la comprensión del contexto violento del país sigue siendo complejo. Así se evidenció en la cuarta sesión de la cátedra nacional “La Justicia transicional de la JEP (Justicia Especial para la Paz): aportes para la paz”, realizada recientemente en la UNAL Medellín, donde se hicieron interpretaciones sobre el conflicto armado colombiano.

 

 

  • Manuel Alberto Alonso Espinal es doctor en Historia y profesor en la Universidad de Antioquia. Foto Unimedios.

    Manuel Alberto Alonso Espinal es doctor en Historia y profesor en la Universidad de Antioquia. Foto Unimedios.

  • Los asistentes se mantuvieron atentos y participativos. Foto Unimedios.

    Los asistentes se mantuvieron atentos y participativos. Foto Unimedios.

  • Max Yuri Gil, excoordinador regional Antioquia - Eje Cafetero de la Comisión de la Verdad fue organizador junto con la profesora Mary Luz Alzate. Foto Unimedios.

    Max Yuri Gil, excoordinador regional Antioquia - Eje Cafetero de la Comisión de la Verdad fue organizador junto con la profesora Mary Luz Alzate. Foto Unimedios.

     

    Al conflicto colombiano se le ha dado un “abanico” de denominaciones que quedaron plasmadas en el Informe Final de la Comisión de la Verdad: conflicto social y armado, guerra civil y de contrainsurgencia, y guerra irregular.

    Ese desacuerdo desencadena debates: ¿es el conflicto armado es un desenlace del conflicto social por la incapacidad de gobernar del Estado y las élites?, ¿se da entre bloques insurgentes y contrainsurgentes?, ¿involucra actores de naturaleza no política?, ¿se somete a normas de la guerra y debe estar regulado por los protocolos consagrados en los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario?

    Así lo plantea Manuel Alberto Alonso Espinal, doctor en Historia, profesor del Instituto de Estudios Políticos e integrante del comité académico de la Unidad Somos Memoria de la Universidad de Antioquia, para quien el conflicto “no puede caracterizase simplemente como bandolerismo, terrorismo, narcoterrorismo, delincuencia común o violencia irracional y espontánea. Fue largo, abarca más de 50 años; complejo, por la pluralidad de los actores, discontinuo temporal y espacialmente y, ante todo, político, por la enemistad expresada por contendientes y la posición bélica”.

    Hay otros motivos que expone: la capacidad que tuvieron los actores ilegales de disputarse en espacios y en tiempos específicos algunas de sus funciones soberanas del Estado. Por la misma razón, dice, el conflicto no solamente fue, sino que sigue siendo político.

    Sobre el conflicto armado en Colombia también dice que “ha sido atroz en el trato entre combatientes y muy cruel en cuanto a la conducta de los combatientes contra la población civil”. Comparte la perspectiva tanto de textos del Centro Nacional de Memoria Histórica como del Informe Final de la Comisión de la Verdad: que la violencia fue esencialmente selectiva y que respondió “a una actitud profundamente racional de los actores”.

    El conflicto armado colombiano fue un fenómeno de larga duración ligado, en sus palabras, con obsesiones partidistas, la configuración capitalista del país y elitista de los partidos en el siglo XIX y el periodo de La Violencia. El contemporáneo comenzó a expresarse a finales de la década de 1930 con el fracaso de organismos liberales y los procesos de polarización política, aunque también hay quienes apuntan a que comenzó con el Frente Nacional y con la irrupción de movimientos insurgentes.

    Ahora bien, el conflicto contemporáneo también tiene rupturas, a lo que le han denominado como “falla geológica” y, como él lo señala, es la precariedad por la debilidad del Estado y su cooptación por parte de élites políticas y económicas. Otra, es que el poder local y de lo local se impuso al del centro “en un tiempo determinado de muy baja data y desde la configuración de este país como república independiente”. Es la fragmentación regional del poder en Colombia y el peso de las lógicas locales y regionales sobre el poder central: “nosotros tuvimos poderes en las municipalidades y vecindades. Los Estados soberanos, los departamentos y los municipios, de alguna forma, fueron contrarrestando y equilibrando. Es un rasgo”, dice.

    A eso le denomina “centrismo político” Francisco Gurtiérrez Sanín, antropólogo, doctor en Ciencia Política y profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la UNAL Bogotá, como lo cita el conferencista, para quien con respecto a la violencia hay otros asuntos que están en el meollo como lo son las guerras civiles, que se relacionan además de lo expuesto anteriormente con la estructuración de formas de poder de la tierra y en relación con ciudadanías conservadoras.

    Algo importante para el académico es cuestionar la naturaleza de la violencia, pero hacerlo también en el sentido de la que se desplegó “en clave de lógicas regionales y locales, lo que supuso preguntarse por las formas de victimización y de optimización, que nos obligó a escuchar las voces de las víctimas, entonces logramos construir una narrativa”, dice, y eso lo considera un gran aporte que facilitó tanto el Centro Nacional de Memoria Histórica como la Comisión de la Verdad.

    Las reflexiones aquí plasmadas son algunos de los argumentos sobre el origen, la temporalidad y la naturaleza del conflicto armado colombiano que, con asiento en aportes de miembros de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, y de excomisionados de la Verdad, realizó Alonso Espinal durante la conferencia “Interpretaciones sobre el conflicto armado colombiano: acuerdos y desacuerdos”, que se dictó recientemente en el ciclo de conversatorios organizados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la UNAL Medellín, en el marco de la Cátedra Nacional, la cual se realiza los miércoles en el Auditorio Gerardo Molina.

    (FIN/KGG)

    4 de marzo del 2024