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A través de este espacio gestado por a UNAL, se construyó un documento base que presenta el concepto de la corrupción, el alcance del problema y sus consecuencias de la mano de una revisión de cifras y propuestas del gobierno actual para combatir este tema.

  • El documento con todas estas reflexiones será enviado al gobierno nacional a finales del mes de noviembre. Foto: Reproducción.

    El documento con todas estas reflexiones será enviado al gobierno nacional a finales del mes de noviembre. Foto: Reproducción.

  • “Es evidente que necesitamos un conjunto de acciones que confluyan desde diferentes sectores de la institucionalidad pública en una acción política integral de prevención, seguimiento, sanción y ajuste en materia de corrupción”, Max Yuri Gil. Foto: Reproducción.

    “Es evidente que necesitamos un conjunto de acciones que confluyan desde diferentes sectores de la institucionalidad pública en una acción política integral de prevención, seguimiento, sanción y ajuste en materia de corrupción”, Max Yuri Gil. Foto: Reproducción.

  • Convergencia por Colombia contó con 9 mesas de trabajo con la participación de 107 docentes. Foto: Reproducción.

    Convergencia por Colombia contó con 9 mesas de trabajo con la participación de 107 docentes. Foto: Reproducción.

     

    Además de entregar recomendaciones para una política integral contra la corrupción, Convergencia por Colombia es una iniciativa institucional basada en el reconocimiento de que la academia puede responder mejor a las responsabilidades sociales si trabaja de manera conjunta y articulada con las instituciones y las comunidades, por lo que se construyeron mesas de trabajo sobre temas específicos que dejaron como resultado los documentos que están siendo divulgados.

    “La UNAL ha estado presente en las diferentes coyunturas del país, con el propósito de realizar aportes que tengan un real impacto en el territorio, como lo es Convergencia por Colombia y las mesas temáticas que ha propuesto, su discusión y aportes a lo público. El día de hoy nos reúne hablar de la propuesta para combatir la corrupción con el propósito de ayudarle al gobierno nacional en la construcción del plan de desarrollo, y espero que desde nuestra Universidad podamos conectar las ideas debatidas para que juntos encontremos la mejor salida a este mal que tanto afecta a nuestra sociedad”, comentó Juan Camilo Restrepo Gutiérrez, vicerrector de la UNAL Medellín.

    La mesa de discusión sobre la presentación del documento final de corrupción estuvo compuesta por Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, Max Yuri Gil, docente emérito de la UNAL Medellín, y Giovanny Restrepo, profesor experto en educación social.

    “En primer lugar establecer e insistir sobre la relevancia, la oportunidad y la necesidad de este documento bajo el liderazgo de la Universidad, el tema anticorrupción no tiene un espacio preponderante y esto es complicado porque son instrumentos para un propósito más amplio, que es el que tenemos en términos de lograr la paz, luchar contra la desigualdad, tener un ambiente sano con mayores condiciones de acceso, por ello hay que considerar la anticorrupción como un medio para lograrlo”, dijo Andrés Hernández.

    Lo público un asunto de todos: combatir la corrupción desde la educación

    La discusión sobre el documento final comenzó con el argumento de la falta de apropiación que tienen los colombianos sobre política, “hay un asunto que de entrada es importante señalar y es que estamos hablando de uno de los principales problemas de la sociedad colombiana, no solamente de un tema que concierne a la función pública sino a todos, pues por el impacto que tiene sobre los recursos públicos, significa no poder contar con el dinero sino que afecta también las relaciones entre el Estado, la ciudadanía, la cultura y la política, y en esa medida es importante que el gobierno nacional en sus procesos de escucha de iniciativas tenga este tema de la corrupción como algo central”, explicó Max Yuri Gil.

    Frente a esto, el papel de la ciudadanía debe ser de veedora, no de espectadora, como lo aseguró Giovanni Restrepo:

    “Como ciudadanos parecemos distantes de lo público, lo vemos como proveedor, pero no como parte de lo cotidiano. La pobreza, el desempleo, la equidad de género vistos en clave de lo propuesto en el texto puede generar cambios”.

    Otro punto que se destacó en la conversación fue la captura del poder público al servicio de intereses particulares, ahí es importante considerar cómo desde la institucionalidad se construyen alianzas criminales para tener estos dineros, en el Estado hay sectores que se vuelven socios de estas prácticas. La narrativa del gobierno frente a la corrupción es muy importante, pero de igual manera las prácticas también lo son, y todos sabemos que gobernar implica un ejercicio de transacción, pero esto no puede ser sinónimo de corrupción”, agregó el docente Max Yuri Gil.

    En relación con las propuestas del gobierno que fueran analizadas en esta mesa de diálogo, “siento que hay más deseos que concreciones reales, me parece que están descontextualizadas a la hora de aludir a temas tan complicados como la seguridad de los denunciantes, y lo otro es el factor de la cultura, lo social debe hacer parte de la transformación y articular las propuestas de la sociedad civil en función de generar un cambio, que será paulatino y más en un país donde la corrupción se ha institucionalizando, cambiar el chip hacía la legalidad es complejo”, aseguró Giovanni Restrepo.

    En la discusión surgió un tema que se relaciona con las políticas de Estado, y es el interés general, que según los expertos es la teoría contractualista del Estado, donde se ceden parte de los derechos para que exista una gobernabilidad que favorezca a la mayoría.

    “En nombre del interés general se han desarrollado prácticas partidarias, ideológicas o corporativas que han significado un decremento de la función pública colectiva del Estado, entonces toca mantener la aspiración con controles, el asunto es que en la práctica se han apropiado del Estado en nombre de las mayorías, pero no es así”, explicó Max Yuri Gil.

    Frente a esto el docente Giovanni Restrepo aclaró que “la institucionalidad se debe a las demandas y necesidades ciudadanas, y los recursos públicos son limitados y escasos, y en consecuencia el control y administración de estos debe materializarse en resultados concretos, pero en este país no nos vemos como sujetos activos en interacción con las dinámicas del Estado, solo recurrimos a él por necesidades, pero no estamos atentos a cómo opera y funciona, no los vinculamos a nuestras prácticas cotidianas”.

    Para finalizar, el representante de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, compartió algunas experiencias de índole internacional que podrían servirle a Colombia como ejemplo para combatir la corrupción:

    “No hay una fórmula, pero sí modelos de buenas prácticas para la lucha contra la corrupción. En primer lugar, hay aspectos fundamentales pero que son difíciles de lograr: sistemas judiciales de control independiente, empleo público meritocrático, y un sistema político transparente, esto es la base para que existan escenarios más adecuados en esta materia. Luego de estas condiciones habilitantes hay que trabajar en mayores niveles de equidad social, mayor acceso a la educación, a los servicios de salud con garantía de derechos humanos y un respeto por la paz es fundamental”, concluyó Hernández.

    (FIN/DQH)

    8 de noviembre de 2022