El decano de la Escuela de Ciencias de la Vida de la Universidad EIA, José María Amaya Mejía, llegó a esa conclusión al reflexionar sobre el tema, frente a lo que considera fundamental respetar los turnos de vacunación y que aunque la sociedad debe cuestionar procesos como los de las imposiciones de condiciones de las farmacéuticas, también debe valorar lo que se hace bien.

La aplicación de la vacuna contra la covid-19 como medida de salud pública tiene como objetivo, precisamente, que las personas se beneficien. Amaya Mejía así lo menciona y expone que, al hacer análisis de riesgos, pero también de beneficios, que son que se espera que prevalezcan. 

Son varios asuntos que desde el inicio de la pandemia han sido objeto de cuestionamientos éticos. Uno de los primeros fue el de las patentes, es decir, los reconocimientos de los derechos de propiedad de los desarrolladores de las vacunas. “Eso, persé, no es malo, el problema es que da un poder sobre ellas, por lo que se le puede poner el precio y las condiciones”, dijo el académico al explicar que este mecanismo, impide el acceso global y, específicamente, de los países más pobres.  

En ese sentido, el de las patentes, afirmó, ha sido un tema muy discutido en el mundo y al respecto ha habido otras posiciones como la de no buscarlas sino entregar el biológico a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que lo distribuya en el mundo, como ya se ha hecho en casos como el de la vacuna contra la poliomelitis, descubierta en la década de 1950 por el virólogo estadounidense Albert Sabin, quien renunció a los derechos de la licencia. 

Lo que ha ocurrido hasta ahora con las vacunas contra la covid-19, dijo Amaya Mejía, “se vio como un negocio” por el manejo de compañías farmacéuticas. En Colombia, específicamente, algunas con las que se realizaron negociaciones exigieron, según el Ministerio de Salud y Protección Social, acuerdo de confidencialidad sobre el proceso. 

Una de las cláusulas, según el académico, es que “los efectos secundarios de las vacunas fueran asumidas por los Estados para que, si ciudadanos que se inmunizaran sufrieran algún efecto secundario grave, no pudieran demandar a la farmacéutica. El Gobierno aceptó y entonces se protegió un poco pidiendo un consentimiento informado”, aseguró. 

“Eso no está contemplado en las buenas prácticas en investigación a nivel internacional, porque cuando un medicamento surge de un estudio de una farmacéutica es ella la que debe asumir los riesgos de que sea demandado por un efecto secundario que no identificado o más grave de lo planteado”, añadió. La sociedad, debe conocer, según él, que sus intereses fueron defendidos, porque esto no debe ver solamente desde la óptica comercial sino de salud pública.

Ahora que ya se están adelantando los planes de inmunización en varios países y aunque no se ha definido cada cuánto deberá aplicado el biológico, Amaya Mejía también mencionó que surge la inquietud sobre cómo harán las naciones de menos recursos para adquirirla con más frecuencia, y si los costos serán elevados o habrá algunos incentivos. 

Saltarse los turnos

Ahora que el plan de vacunación contra la covid-19 avanza en el país, el académico llamó la atención sobre la importancia de respetar los turnos de inmunización para las personas priorizadas durante la fase 1, mayores de 80 años y profesionales de la salud que atienden la pandemia en primera línea, a lo que deben estar atentos los entes encargados.

“Como no podemos vacunar a todo el mundo al mismo tiempo, (sea) porque no tenemos los recursos, el número de vacunas o que haya que priorizar, debe haber un compromiso del Estado, y de quienes administran estos procesos, de impedir que algunas personas quieran saltarse estos turnos”, manifestó.

Como lo mencionó Ángela María Tobón, investigadora del Instituto Colombiano de Medicina Tropical y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad CES, son tres las etapas en el proceso de vacunación contra la covid-19 en el país. 

La primera fase les corresponde a profesionales de la salud que atienden en primera línea la pandemia y a mayores de 80 años, población de mayor tasa de mortalidad en el país. La segunda, a personas de entre 60 y 79 años y a trabajadores en segunda y tercera línea de atención de la covid-19. En la última etapa se inmunizará a quienes tengan de 16 a 59 años, con comorbilidades de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular o pulmonar crónica, y también a docentes de básica y secundaria. 

Pese a que los lineamientos y requisitos de inmunización son claros, ya se han presentado casos de quienes se han saltado los turnos. El 22 de febrero de 2021, cuatro días después de que se iniciara la vacunación contra la covid-19 en Colombia, se conoció que un médico cirujano que se saltó los turnos de personal de salud que atiende la pandemia en primera línea y personas mayores de 80 años para vacunarse él en la Clínica Foscal, en Floridablanca (Santander). 

Más recientemente la politóloga y supuesta excontratista de la SubRed Norte de la Secretaría de Salud de Bogotá, Lady Carolina Cárdenas Gutiérrez, mostró el certificado de vacunación a través de una publicación en su cuenta de Instagram. Según ella, no saltó ninguna fila porque su nombre figuró en la base de datos de Mi Vacuna. 

Sobre ese hecho específico el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró en un tuit que “realmente no tiene presentación cuando tantos epidemiólogos de campo del INS, de MinSalud y de muchos departamentos han estado esperando con rigor y disciplina su turno”. 

Una de las propuestas que en algún momento hizo el ministro fue que el presidente Iván Duque Márquez se vacunara pronto contra la covid-19 para fomentar la inmunización a partir de su ejemplo. Eso puede ser válido, según Amaya Mejía, lo que considera no debe ocurrir es que otros funcionarios del gobierno y sus familiares accedan al biológico saltándose una fila como ha sucedido en Perú y Argentina.

Dilema ético: libertad individual o bien común

El académico planteó la existencia de un dilema ético entre el respeto por la autonomía como expresión de la libertad humana y la búsqueda del bien común. Dice que cualquier decisión puede ir hacia un lado u otro, y que implica, por lo tanto, la necesidad de resolver esa tensión entre ambas posibilidades. 

En virtud del respeto por la autonomía, afirmó, ningún profesional de la salud, ni autoridad sanitaria podría obligar a una persona a inmunizarse. “Desde esa perspectiva uno diría: la vacunación es voluntaria, como lo ha hecho Colombia, sin una discusión un poco más profunda”. 

No obstante, está la imperiosa necesidad de propender por el bien común. “Si no logramos coberturas de vacunación alta no se lograría inmunidad de rebaño, esta pandemia se prolongaría, seguiría habiendo enfermedad y muerte, dolor y sufrimiento”, agregó.

Proceso pedagógico

“¿cuál es la prioridad?, ¿La autonomía individual para no vacunarme o la decisión de vacunarme pensando en el bien colectivo?”, se cuestionó. Él mismo lo responde: “En principio deberíamos apelar a la responsabilidad social del ciudadano. Es ahí cuando los medios de comunicación y los profesionales de la salud deberían trabajar para que entendamos que nos deberíamos vacunar porque como individuos no solamente tenemos responsabilidades con nuestras vidas, sino también con no poner en riesgo la de los demás”.

Una preocupación actual, según el académico, es que incluso hay profesionales de la salud que han manifestado su intención de no inmunizarse, y algunos grupos sociales no quieren aceptar la vacuna. Lo que cree es que se debe tener una actitud más firme para tomar decisiones. 

Al reflexionar sobre la situación recordó, por ejemplo, que hace décadas, para inscribir a los niños en las escuelas se debía presentar el carné de vacunación, con lo cual, asegura, no se violaba la autonomía de ellos ni de sus familias: “Empezamos a exigirlo y la población fue entendiendo eso. Igual cuando hoy le decimos a un estudiante de Medicina, por poner un ejemplo, que al ingresar en sus rotaciones clínicas tienen que estar vacunados contra hepatitis B, no le decimos: si usted quiere se vacuna o no, porque se puede enfermar, pero también poner en riesgo a otros”. 

Cree que se trata de un asunto de pedagogía, un proceso que refiere se ha hecho por ejemplo con el uso obligatorio del casco por parte de motociclistas o del cinturón de seguridad para quienes se desplazan en carro: “La sociedad ha entendido que el bien común requiere que se tomen estas medidas”. Concluye que lo mismo debe darse para el caso de la vacunación contra la covid-19, una enfermedad cuyo contagio debe prevenirse a partir del autocuidado para proteger a los demás. 

Es por eso que mencionó que, ante los dilemas éticos, la sociedad debe tener en cuenta su responsabilidad social en el sentido de vacunarse, como primera medida, que debe ser el rol que debe entender y acoger, pero además de cuestionarse ante algunos procesos, dice que debe valorar cuando las cosas se hagan bien.

Las ideas expuestas en este texto fueron abordadas por el experto durante la charla Los retos de informar sobre vacunación contra la covid-19realizada recientemente con expertos del Grupo G8, alianza de universidades de Medellín.

(FIN/KGG) 

17 de marzo del 2021