En conmemoración de los 35 años del Laboratorio de Fuentes Históricas de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Sede, la siguiente crónica hace parte de “Locos por los Archivos”, un especial periodístico basado en algunos expedientes encontrados en el Archivo Judicial de Medellín.

En el lluvioso municipio de Lloró, Chocó, a orillas del río Mambú, la tranquila vida de un grupo de indígenas cambió por completo el día en el que Sixta Paneso, y su hijo de 4 años Indalesio, comieron de unos bananos en el platanar de Hortencio Dumazá. 10 días después, luego de fiebre, vómito y diarrea, ambos murieron, a causa de un posible envenenamiento.

El 20 de mayo de 1929 el primero en declarar ante la inspección de policía fue el vecino Juan Arias, quién aseguró que: “Yo le pregunté por qué estaba enferma, y ella me dijo que había comido banano con su hijo, este le hizo daño y se le puso la boca amarga y el cuerpo malo, primero murió el niño y a los dos días la chola que estaba embarazada abortó al bebé.  Al amanecer ella murió, y presentó un color amarillo, luego el cuerpo se le puso negro como también quedaron el de Indalesio y el que nació muerto”. 

La declaración de Arias venía además acompañada de una gran acusación, contra Hortencio Dumazá, quien según él envenenó los bananos pues tenía peleas por unos terrenos con el suegro de Sixta, Hilario Quintero. Para comprobar el hecho, los indígenas antes de enterrar a la madre, le metieron una moneda de plata en la boca, y diez minutos después, afirman que salió completamente negra, como si se hubiera quemado por algún ácido. 

Varios vecinos fueron llamados a dar su testimonio, concluyendo todos lo mismo: la ingesta del banano envenenado, la muerte, y la culpa de Hortencio. Sin embargo, en estas declaraciones aparece Rosendo Olea, que aseguró ser el que vendió las plantas venenosas, llamadas matazorros: 

“Él me dijo que le vendiera hierba para envenenar y matar a Hilario Quintero, entonces yo se lo vendí por seis pesos plata, creyendo que iba a matar a ese nada más, pero resulta que la chola y su hijo comieron primero el banano, yo no tengo la culpa de eso…”

Rosendo entregó al juzgado las hojas de la planta, para que pudieran ser debidamente investigadas. Por su parte Hortencio, acusado, tuvo que comparecer a declarar el 12 de junio, negando por completo los hechos: 

“yo le compré la hierba a Rosendo pero con el único objetivo de matar zorros, no de matar a nadie, si alguien es culpable debe ser el médico Quijano Jabaquía, que mató a un hijo mío hace tiempo”. 

El mencionado médico Quijano fue interrogado, sin embargo, había múltiples declaraciones que aseguraban que el culpable era Hortencio, no él, por lo que no fue mencionado nunca más en el caso. 

Hilario Quintero, a quién supuestamente iban dirigidos los bananos envenenados, rectificó los hechos, agregando además que Rosendo es un afamado yerbatero, temido en el pueblo. El proceso continúo teniendo ahora dos acusados, quienes fueron privados de su libertad por ser los principales sospechosos de triple homicidio por envenenamiento. 

La justicia sin recursos, ¿qué pasó con los sindicados? 

El paso a seguir en la investigación era el análisis de las pruebas, sin embargo, la Intendencia Nacional de Chocó notificó que: “la oficina no dispone de los viáticos para exhumar el cadáver, mandar a analizar la moneda, y las hierbas” por lo tanto, el juez superior resolvió enviar los objetos a Bogotá para su estudio.

Un mes después de estar en la cárcel, tanto Hortencio como Rosendo estaban desesperados, por lo que decidieron mandarle al Juez de instrucción una carta, dejando claro que no había suficientes pruebas para mantenerlos privados de la libertad.  

“El cadáver no fue reconocido por las autoridades, ni médicos ni peritos, y por último el señor inspector no fue al lugar del acontecimiento, no nos explicamos por qué estamos detenidos sin tener las penas que establece la ley para reducir a un ciudadano a prisión, suplicamos al señor Juez, haga investigación al respecto”. 

El juez consideró que como no había resultados del análisis de las pruebas, era inviable dejarlos salir, por lo que el sumario continuó, a la espera de nuevas luces que esclarecieran los hechos. 

Durante la espera Rosendo Olea cae gravemente enfermo de tuberculosis y dicen que es un serio peligro mantenerlo en la cárcel, por lo que sus hijos solicitan llevárselo para curarlo, solicitud que fue aprobada con el condicionante de ser trasladado inmediatamente si se le requería. 

Finalmente, los resultados del análisis de la planta tardaron 6 meses en llegar, concluyendo que: “se encontró un alcaloide semejante a la berberina pero no se logró identificar plenamente”, por lo que el fiscal aseguró que no hay pruebas suficientes para determinar que era venenosa, como tampoco los síntomas de Sixta y su hijo (vómito, diarrea, fiebre) eran necesariamente por esa misma causa y se recomienda entonces la liberación de Hortencio y Rosendo. 

A Hortencio lo dejan libre después de pagar una fianza por 100 pesos, pero no fue hasta julio de 1930 que el Tribunal Superior de Cali da acto de sobreseimiento al caso, concluyendo que: “no se ha comprobado el envenenamiento librando de toda culpa a los implicados”. 

Este sumario, deja claro que por falta de recursos o por negligencia judicial no se resolvió la muerte de los indígenas. Entre los comentarios de los jueces del caso, aseguraban que era un gasto mayor hacer la exhumación y el análisis de la moneda, poniendo en libertad a los acusados, aunque tuvieran varias sospechas en su contra. 

(FIN/DQH)

18 de septiembre del 2020