El alma mater de los colombianos fue el escenario para la presentación de la política que define lineamientos, crea mecanismos y articula actores, instancias e instrumentos para contribuir a la protección y el goce efectivo de los derechos humanos en Antioquia.

La Política Pública Integral de Derechos Humanos de Antioquia 2019 – 2034, fue aprobada por la Ordenanza 012 de 2019 con ello se convierte en una hoja de ruta de largo plazo. Es el producto del esfuerzo colectivo de la Gobernación de Antioquia y la sociedad civil, y contó además con el apoyo del programa de derechos humanos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La Política pública recoge la visión y participación de todos los sectores y habitantes del departamento y se divide en ocho ejes temáticos definidos a partir de la construcción colectiva: Educación y cultura de derechos humanos, ciudadanía y paz; Defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales; Igualdad, no discriminación y reconocimiento de la diversidad; Acceso a la justicia; Derechos civiles y políticos; Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; Derecho internacional humanitario y construcción de paz; y Derechos humanos y empresa.

“La Secretaría de Gobierno inicia la ejecución de esta política pública dejando sembradas unas sólidas raíces desde la educación: tanto con las universidades como con los colegios y centros de atención a la primera infancia, logramos acordar programas para verificar e implementar esta semilla”, explicó Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de gobierno de Antioquia, quien resaltó la importancia del proceso en el departamento, desde las bases.

Como parte de la construcción de la Política Pública se formaron 1.250 jueces de paz escolar capacitados en derechos humanos para ejercer como conciliadores en situaciones de vulneración en más de 20 colegios de Antioquia; y 265 distribuidos en las veredas más apartadas del departamento.

Además, se crearon la Mesa Departamental de los Derechos Humanos, que tiene participación de la ciudadanía, y el Observatorio de Derechos Humanos para reunir la información del departamento en esta materia.

Uno de los aspectos más relevantes de la consolidación de la Política, según la funcionaria, es que se logran “visibilizar los derechos humanos como actores de los movimientos y de los cambios del departamento, desde una atención diferenciada de acuerdo a nuestras realidades, y con un rol central en lo que tiene que ver con convivencia, seguridad y orden público.”

En este sentido, la Secretaria también hizo hincapié en la necesidad de saber cuándo los derechos están siendo vulnerados. “El conocimiento es el punto de partida para garantizar la exigibilidad y en este proceso los niños y los jóvenes son los más importante porque en las nuevas generaciones está gran parte de la responsabilidad de generar un cambio en Antioquia en materia de derechos”.

Sobre la Política el director de USAID Colombia, Larry Sacks, destacó que el esfuerzo da cuenta del compromiso de Antioquia: desde la institucionalidad hasta la sociedad civil, con la protección y la garantía de los derechos en el territorio. “Este ha sido un trabajo colectivo y la esperanza por ahora es socializar el logro con el propósito de replicarlo y se sigan sumando voluntades”.

La Política Pública (2019 – 2034), atraviesa todos los eslabones de la sociedad, desde la familia y la educación hasta los estamentos estatales, en procura de asegurar el cumplimento de los derechos humanos en el diario vivir del departamento. El plan a mediano y largo plazo es lograr que la semilla que se sembró dé los mejores réditos a tal punto que Antioquia sea tomado como referente de garantía de derechos en el país.

(FIN/CST)

18 de noviembre del 2019