Katherín Marín siempre ha vivido en Bogotá. Tiene 24 años y, como la mayoría de habitantes de la capital, está acostumbrada al pico y placa, con el que se le busca hacer frente a los problemas de movilidad de la ciudad. Lo que es nuevo para ella es la implementación de medidas de contingencia ante la contaminación del aire en esa ciudad.

La alerta naranja por aumento de concentración de material particulado en la atmósfera se declaró el pasado 15 de febrero en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Puente Aranda y Tunjuelito, mientras que en el resto de la ciudad, la alerta era amarilla. Como parte de las medidas, las autoridades aumentaron la restricción de pico y placa, el cual levantó cinco días después, y recomendaron a los ciudadanos usar tapabocas.

No es muy distinto lo que ocurre en los 10 municipios del valle de Aburrá. Aquí también se incrementó el pico y placa, ampliando la restricción a seis dígitos por día para automóviles y motocicletas, además de ser extendido a los sábados.

En Bogotá, según la Secretaría Distrital de Salud, la contaminación atmosférica se atribuye en un 44% a la industria y 56% a fuentes móviles. En Medellín, las proporciones son similares, pero con el agravante de que la ciudad está en medio de un valle.

No obstante, hay una condición general: “En la confluencia de un periodo húmedo a uno seco o viceversa, de invierno a primavera, o de otoño a invierno, se presenta inversión térmica, la cual genera baja dispersión de los contaminantes haciendo que queden atrapados en las ciudades”, explica Carmen Elena Zapata Vásquez, profesora del Departamento de Geociencias y Medio Ambiente de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, y coordinadora del Laboratorio de Calidad del Aire (Calaire).

Esto quiere decir que la situación en Bogotá no es un inconveniente que apareció de repente y, según la profesora, algunas causas son similares a las que han originado contingencias en el Valle de Aburrá: bajas velocidades del viento y, adicionalmente por el verano, hay gran influencia de incendios, que aportan contaminantes como el Black Carbon, de pequeñas partículas que van a los alvéolos de los pulmones y pueden pasar al torrente sanguíneo.

En el país hay pocas ciudades que tienen redes de seguimiento de calidad del aire. Entre ellas están Bucaramanga, Bogotá, Cali, Manizales y Medellín. En algunos de los sitios se hace análisis, incluso desde hace unos 15 años, con el propósito de revisar la relación con la salud.

“¿Cómo vamos a planear políticas públicas en función de la calidad del aire si ni siquiera sabemos cómo estamos en el tema?”, se pregunta Juan Gabriel Piñeros Jiménez, doctor en Salud Pública y profesor de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia.

“Algunos de los estudios han presentado como resultado que la asociación entre la mala calidad del aire, enfermedad y muerte por causas de tipo respiratorio y cardiovascular es efectiva”, afirma el profesor Piñeros Jiménez.

Acerca del tema, la Organización Mundial de la Salud estima que cerca de siete millones de personas mueren cada año por la exposición a las partículas finas contenidas en el aire contaminado e indica que por sí sola la mala calidad del aire causó 4,2 millones de muertes en 2016 y que más del 90% de las defunciones relacionadas con esta causa se dan en países del Mediterráneo Oriental, Europa y las Américas.

“Un aire limpio ofrece calidad de vida a las personas de un territorio determinado, y esta condición está directamente relacionada con lo establecido en los artículos 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia, que define que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y el Estado deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, dentro de los que se encuentran la contaminación del aire”.

Así lo plantea la Contraloría de Medellín en el documento “Cuantificación física y económica del impacto de la contaminación atmosférica en la salud de la población de Medellín”, investigación que lideró junto con la U.N. Sede Medellín. Del estudio resultó que 22.922 casos que se presentaron entre 2011 y 2016 estuvieron asociados a Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA).

Durante el mismo periodo se registraron muertes asociadas al mismo padecimiento. En niños entre 0 y 4 años el mayor número de casos se registró en las comunas Popular, Manrique, Villahermosa, Robledo y San Javier, y en niños entre 5 y 14 años, en Doce de Octubre, La Candelaria y Laureles. La ERA en mayores de 60 años representó el 80% del total de muertes entre 2012 y 2016.

Esfuerzos como estos estudios denotan el interés académico e institucional que hay sobre el tema en el Valle de Aburrá y sobre todo, que se está buscando la mejor información para tomar decisiones. “Y claro, es importante, pero debe primar el principio de precaución a la hora de diseñar las políticas públicas”, insiste el profesor Piñeros Jiménez.

El Plan Operacional para enfrentar Episodios Críticos de Contaminación Atmosférica en el Área Metropolitana del Vallé de Aburrá (POECA) define qué medidas implementar según los niveles de contaminación. Por ejemplo, en el II las concentraciones de contaminantes en el aire y tiempos de exposición causan efectos adversos leves por lo que recomienda limitar actividades prolongadas al aire libre a mujeres embarazadas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias.

El nivel IV corresponde al estado de emergencia, cuando se pueden causar enfermedades graves e incluso ocasionar la muerte. Durante estos episodios las empresas no pueden hacer mantenimiento preventivo de equipos de control de emisiones atmosféricas, entre otras medidas.

Para la docente Zapata Sánchez, en el Valle de Aburrá se ha avanzado más en el tema con respecto a otras zonas del país y pese a que, por ejemplo Ecopetrol distribuye actualmente un diésel con bajo contenido de azufre, falta reforzar la exigencia en la reposición vehicular, los incentivos tributarios por compra de vehículos eléctricos y fomentar más el transporte público.

Sin embargo, más allá de la implementación de medidas y de políticas públicas, la ciudadanía desempeña un rol fundamental: “falta que el ciudadano sea más consciente. La gente no entiende que hay que usar el transporte público y no lo hace porque todavía nos falta mayor sensibilización, no sobre la contaminación, sino de los efectos en salud que se están originando por la contaminación ambiental”.

(FIN/KGG)

21 de febrero del 2019