Son víctimas “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985 como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”.

Así lo determina la Ley de Víctimas, a la que se le agota el tiempo para resarcir a las personas afectadas por el conflicto armado en Colombia que ha perdurado durante más de 50 años. Se trata de una norma transitoria que expira en dos años, es decir, en 2021, pero hasta ahora solo se han entregado indemnizaciones a cerca del 15 % de las personas con derecho a recibir la asistencia integral.

“Un año después de haberse creado la Ley 1448 de 2011 (conocida como ley de Víctimas), se da una sentencia de unificación de la Corte (Constitucional de Colombia) que obliga a entrar en el proceso de indemnización del desplazamiento masivo, que era un hecho que no estaba contemplado al inicio, lo que nos desborda la capacidad presupuestal, pero a pesar de eso tenemos más de 600 sujetos de reparación colectiva intervenidos en diferentes fases”, explica Ramón Alberto Rodríguez Andrade, director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, quien también se refiere a otros avances en entrevista en U.N. Análisis de U.N. Radio.

Aunque Menderson Mosquera, coordinador de la Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas en Antioquia los reconoce, según sus declaraciones en un texto sobre logros y retos publicado en el sitio web de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (el 10 de junio de 2019), considera que hay desafíos por atender.

En la publicación comenta que “la Ley se hizo a 10 años, pero ha sido imposible reparar a más de ocho millones de personas por temas fiscales y por eso se necesita una ampliación ya que le restan dos años. También hemos propuesto que tenga la misma vigencia de implementación del Acuerdo de Paz a través del acto legislativo 01 de 2017”.

El Gobierno ya planteó la prórroga. Sin embargo, no ha definido por cuánto tiempo se haría. “Las leyes no se pueden volver eternas; lo primero para sostener una sociedad democrática es que el Estado debe tener palabra y cumplir”, argumenta el profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la UNAL Medellín, Óscar Calvo Isaza.

La Ley de Víctimas fue expedida con el fin de subsanar dificultades que se presentaron inicialmente con la Ley de Justicia y Paz (975 de 2005), según Julio González Zapata, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, significó el primer intento de hacer un modelo de justicia transicional en Colombia y, de manera específica, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

“Lo que pasa es que en la Ley 975 eso estuvo desarrollado de manera muy precaria porque, inclusive, en el texto originario se consideraba que a las víctimas se les iba a reparar con bienes ilegales que entregaran desmovilizados del paramilitarismo”, expone.

Continúa diciendo que, cuando la Corte Constitucional revisó esa norma, consideró que se deberían reparar no solo con los bienes ilícitos, sino también con todos sus bienes: “la modificación no fue suficiente porque rápidamente se llegó a la conclusión de que iba a ser problemático y el universo de las víctimas era demasiado amplio, por lo tanto, la mayor parte ellas iban a quedar burladas en sus aspiraciones de ser reparadas”.

Después se introdujeron dos puntos importantes: el programa de restitución de tierras para quienes fueron despojados y se creó el Centro Nacional de Memoria Histórica dando sentido al derecho que tienen las víctimas, no solo a una reparación material, sino a una colectiva y a conocer lo ocurrido.

La intención de desarrollar la Justicia Transicional, indica el profesor González Zapata, se concretó con el Acuerdo de La Habana (Cuba). Independientemente del momento, lo más importante es crear condiciones que impidan la repetición del conflicto.

“Está formulado normativamente pero todavía estamos muy lejos de implementarlo porque la situación en Colombia es un poco paradójica frente a la Justicia Transicional; en muchas experiencias históricas en otras naciones empieza a aplicarse después de que se produce una transformación en la sociedad, en cambio en el país este proyecto es el punto de partida para hacer que sea capaz de resolver sus conflictos políticos sin apelar a las armas, ni remover las causas que originaron y mantuvieron viva la guerra durante tantas décadas”, explica.

Clasificar a las víctimas

Para el profesor Calvo Isaza, hay emergencia de una denominación y un beneficio, en un sentido amplio, que ofrece el Estado a quienes están bajo la categoría de víctimas, “que es muy fuerte”. Así que quienes antes no se consideraban como tal pueden comprender después, “de cierta manera, que hacen parte de ese universo”.

El registro de víctimas fue ambicioso y es el primer intento que hace el Estado por tener bases de datos consolidadas, dice. La cuestión es que, en un conflicto armado tan largo y complejo, además, se puede ser víctima de varias maneras y a causa de distintas situaciones.

Pero a la vez, se dan casos en los que prevalece un miedo latente. “Hay quienes le temen al Estado y no sienten que sea una garantía para sus derechos”, expresa. Para él, cuando se transita entre diferentes gobiernos con las dificultades que tiene Colombia, se requieren políticas públicas a largo plazo.

“En una sociedad con millones de víctimas y comunidades desgarradas es necesario, por ejemplo, pensar en el problema de las tierras, pero hemos estado oscilando entre esa versión que niega que haya conflicto, que no entiende lo que ha ocurrido en el país sino como una amenaza de fuerzas externas a la sociedad, casi como si fuera una enfermedad pero que viene desde afuera; como una amenaza terrorista”, lamenta.

La Ley de Víctimas como tal es positiva en el sentido en el que se entiende como parte de la solución y de la forma de pasar de la guerra al fin del conflicto, para lo cual se requiere el reconocimiento del mismo.

“Eso ocurrió así durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, pero de nuevo se ha revertido, no se habla de conflicto y se dan instrucciones para evitar hacerlo, es una especie de guerra semántica de bajo fondo que produce inconsistencias en las políticas de Estado”, enfatiza Calvo Isaza.

Algunos grupos políticos cercanos al uribismo, expresa el docente González Zapata, de la Universidad de Antioquia, han manifestado su insatisfacción con el Acuerdo (de Paz), incluso con la Ley de Víctimas dado que el aspecto que suponía la restitución de despojados durante el conflicto “toca muchos intereses de empresarios y políticos. Por eso creo que han generado un discurso muy inteligente para su beneficio haciendo creer que el gran problema que hay detrás de ellas es la posible impunidad de ciertos delitos graves que cometieron los guerrilleros. Han diseñado una estrategia que ha centrado a la opinión pública en que se les va a aplicar una pena muy suave”.

Por otro lado, recientemente el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, anunció la construcción del Museo de Memoria Histórica como parte de la celebración del Bicentenario de la Independencia. Su director, Rafael Tamayo, ha defendido en medios de comunicación que erigirlo es necesario dado que fue ordenado por la Ley de Víctimas y, además, está incluido en el Acuerdo de Paz. Al respecto, lo que considera el profesor Calvo Isaza es que “es una forma elegante de sacar de la escena y del espacio a las víctimas”.

El argumento del académico es que todavía hay deudas “gigantes” con las cuestiones del agro y la restitución de tierras, así como la acción de la Justicia en sentido de reparación, la cual “ha sido lenta. En buena medida las promesas de la Ley de Víctimas están sin efectuar, por lo que no creo necesario ni pertinente pensar en nuevas dimensiones sino cumplir”.

Pensar en una reparación integral, según el docente González Zapata, implica un esfuerzo económico que probablemente el país no esté en condiciones de hacer dada la cantidad de víctimas. Según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, las registradas en el país son 8’874.110 de las cuales 8’493.100 son del conflicto armado. Colombia supera así a las de las dictaduras de Chile, que fueron 3.200, y las de Argentina, 40.000.

Con 1´237.000 personas sujetas de reparación, Antioquia es el departamento de Colombia con más afectados por la guerra y, por ende, con mayor inversión para la recuperación: $2,6 billones.

Lo paradójico, finaliza el profesor González Zapata, es que Colombia tiene una “muy buena normativa para atender las víctimas, pero muy poca voluntad para hacerla efectiva”.

20 de agosto de 2019