El aumento de denuncias, sumado a la muerte de siete menores en un reciente bombardeo contra disidencias de las FARC, reaviva el debate sobre la responsabilidad del Estado, el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el abandono histórico de los territorios más afectados. Analistas explican las implicaciones y los desafíos que la situación supone para el país.

Según Unicef, en promedio cada 20 horas un menor es reclutado por grupos armados ilegales. Foto de Henry Cano Agudelo tomada de www.agenciapi.co.

En Colombia, entre 2017 y 2025, se han registrado 2.949 casos de reclutamiento forzado a menores, según la Fiscalía General de la Nación. La entidad entregó un informe con los datos en respuesta a un derecho de petición impuesto por el concejal bogotano Julián Sastoque.

La información que entregó la entidad indica que el 2024 fue el año con mayor número de denuncias por reclutamiento forzado en el país en los últimos ocho años, siendo Cauca el territorio más afectado con 976 casos, seguido de Nariño con 284 y Antioquia, con 226.

Otros datos, como los del que presentó recientemente la representante de Unicef Taya Chapuisat, indican que solo en 2024 registró 453 casos y que más de 1.200 menores fueron reclutados por grupos armados entre 2019 y 2025, lo que representa un aumento del 300 % en cinco años. Las zonas donde se dan más casos son Cauca, Antioquia, Nariño y Chocó, Arauca y Norte de Santander.

Al referirse a los 453 casos, Julien Hayois, especialista de protección de Unicef, le dijo a la Agencia Efe que la cifra es “impactante, porque representa solo los que hemos podido monitorear y verificar, no la magnitud total del fenómeno.

Para la Comisión de la Verdad, la incorporación de menores a grupos armados ilegales tuvo dos etapas que señala en el capítulo No es un mal menor del Informe Final. La primera se dio entre 1964 y 1989, cuando hubo los reportes más bajos con la documentación de 528 víctimas y un marco normativo que era apenas incipiente. La segunda fase ocurrió entre 1990 y 2017. Durante este lapso se concentró la mayoría de víctimas registradas.

Según el Capítulo, el primer antecedente para prohibir y sancionar la utilización de niños y adolescentes en el conflicto fue el Decreto 180 de 1988 y al año siguiente se promulgó la Convención de los Derechos del Niño, que insta a los Estados a respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en relación a la niñez y que Colombia ratificó en 1991. Más tarde, a partir de 1997, se fortaleció la normativa con leyes y protocolos.

Bombardeos ordenados por el Gobierno y el Derecho Internacional Humanitario

“Lastimosamente, el reclutamiento forzado no es nuevo en el país, sino una situación que se viene presentando desde hace décadas por los grupos al margen de la ley”, dice Angélica Rodríguez Rodríguez, profesora del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la UNAL Medellín.

Lo respalda el Capítulo No es un mal menor del Informe Final de la Comisión de la Verdad que expone que “el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes es una constante en las guerras y, particularmente en Colombia, es una realidad apabullante por las más de cinco décadas que ha durado el conflicto. Entre 1990 y el 2017, por lo menos 16.238 personas menores de dieciocho años fueron víctimas de reclutamiento: 11.314 hombres (69,7 %) y 4.924 mujeres (30,3 %)”.

Lo que pasa, retoma la profesora Rodríguez Rodríguez “es que, a la luz de los últimos sucesos, ha vuelto a tomar protagonismo”. Se refiere, específicamente, a la muerte de niños y adolescentes en bombardeos, ordenados por el gobierno, al Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las FARC-EP desde octubre.

El asunto ha generado debate en torno al Derecho Internacional Humanitario (DIH), cuyos principios son sensibles a cuestionar quiénes son o se entienden como combatientes, como los nombró el presidente Gustavo Petro tras lamentar la muerte de siete menores, de entre 13 y 17 años, durante un reciente bombardeo ocurrido en el Guaviare en una operación militar en contra de disidencias de ‘Iván Mordisco’.

“Uno no puede entender, desde esa perspectiva, que es garante de derechos, a los niños, niñas y adolescentes como combatientes”, añade la docente. Si bien enfatiza que quienes cometen la infracción y el delito son los grupos armados al margen de la ley, el Gobierno debe tener en cuenta las implicaciones que genera. En ese sentido, el DIH hace un llamado sobre la prevención y la proporcionalidad.

Para Max Yuri Gil Ramírez, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, el reclutamiento de menores es un factor de vergüenza: “Que el Estado sea incapaz de proteger a la niñez de esto es reconocer su incapacidad e indiferencia por esta conducta”.

El escenario post Acuerdo y el aumento de la conflictividad

La docente Rodríguez Rodríguez llama la atención sobre la conflictividad y la violencia que se han propiciado y aumentado como producto de la debilidad en la implementación del Acuerdo de Paz desde el periodo de gobierno de Iván Duque y a partir de las limitaciones del actual mandato de Gustavo Petro con la ocurrencia de unos ocho conflictos internos simultáneos, acerca de los cuales ha llamado la atención el Comité Internacional de la Cruz Roja, unos de vieja data y otros a raíz de las más recientes conformaciones de disidencias.

El reclutamiento forzado de menores, de acuerdo con Gil Ramírez, más que una expresión de la actuación del gobierno o de sus políticas, tiene que ver con los ciclos de expansión y crecimiento de los grupos armados. En su momento, las FARC-EP se propusieron constituir un gran ejército con cerca de 100.000 integrantes, lo que significaba una ampliación de su capacidad militar, ahora está sucediendo lo mismo con el EMC.

En la medida en que se da la expansión de grupos armados y la conformación de disidencias hay mayores riesgos, opina Óscar David Andrade Becerra, profesor del Departamento de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Manizales, quien expone que los actuales son grupos menos politizados e ideologizados, “no hay ningún control ni de comandancia ni de secretariado, hay una ruptura mucho mayor de paradigmas legales y morales”.

En cuanto al gobierno, hay también contrariedades. La profesora Rodríguez Rodríguez plantea que el de Gustavo Petro llegó con un discurso que suponía que no habría bombardeos, que planteaba el pensamiento sobre la conflictividad violenta desde otras perspectivas, y eso necesariamente como país “nos pone en el ojo de las relaciones internacionales” con una lupa o con una perspectiva diferente, pues son muy claras las violaciones que se están haciendo al DIH.

Vulneraciones y abandono del Estado

Gil Ramírez lamenta que el reclutamiento de menores no sea un tema que amerite gran preocupación e interés, porque es un asunto que, llama la atención, está cruzado con un elemento de clase: “Si los niños y niñas reclutados fueran de estratos altos o en contextos urbanos, probablemente habría habido un mayor nivel de reacción de la sociedad, pero como ocurre normalmente con niños y niñas pobres, muchos de ellos afro o pertenecientes a pueblos indígenas, de territorios campesinos marginados y abandonados, la sociedad lamentablemente no se interesa en ese tipo de situaciones”.

Hay otro aspecto pertinente en el análisis de la situación: el abandono estatal. La presencia del Estado no es solamente que haya fuerza pública, sino que significa tener control de la tributación, la prestación de servicios y el desarrollo de infraestructura, entre otros, “y al no garantizarla, otros actores empiezan a tener, particularmente, el control social y a dirimir en conflictos”, de acuerdo con la profesora de la UNAL Medellín. Es por esto que, para ella, el Estado debe preguntarse cómo hacer un ejercicio legítimo de la defensa con conciencia de los pactos a los que pertenece.

El del abandono estatal es un tema sobre el cual se hace necesaria una reflexión más profunda, según Gil Ramírez, que considera como reto dejar de simplificar el tema, pues el uso o la utilización de niños y adolescentes en el conflicto también tiene otras formas de vinculación en territorios donde los grupos armados se convierten en una “falsa vía para la libertad y la autonomía”.

Incluso, ante esa falta de recursos, algunas familias les entregan a los niños, “porque están sometidos a condiciones de pobreza y vulnerabilidad, y bajo la idea de que con ellos tienen más posibilidades de recibir alimentación o protección”, de acuerdo con Andrade Becerra. Para él, esas son complejidades que también deben tenerse en cuenta en el análisis.

Por otro lado, añade Gil Ramírez, el Estado colombiano tiene desafíos: la prevención, el castigo al uso de menores en actividades militares y eso incluye, por ejemplo, una revisión de protocolos en los bombardeos. A criterio de Andrade Becerra otros retos son: pensar en un modelo de justicia más adecuado, incluir enfoques de género y étnico en nuevas negociaciones y buscar, con estas personas, otros escenarios de esclarecimiento de la memoria histórica y fortalecer alertas más allá de la militarización.

Hay, adicionalmente, un desafío que se debe asumir como sociedad y en el que coinciden los analistas: la urgencia de hacernos más sensibles y menos indiferentes.

(FIN/KGG)

1 de diciembre de 2025