En las comunidades negras del Chocó las tensiones socioambientales relacionadas con el acceso a la tierra y a los derechos naturales y bioculturales se agudizan debido a variables asociadas con políticas locales, presencia de actores ilegales y falta de un enfoque diferencial en la ejecución de políticas públicas sobre tenencia de tierras y titularidades. Una investigación de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo se ocupó de analizar este tema.

En el Consejo Comunitario San Francisco de Ichó la apuesta reciente es al turismo comunitario. Foto cortesía de Ilene Yissa Cuesta Moreno.

El estudio se basó en dos casos de estudio en Quibdó (Chocó) que fueron el Consejo Comunitario de San Rafael de Neguá y el Consejo Comunitario San Francisco de Ichó, ambos pertenecientes al Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia) que, con respecto a los procesos de titulación colectiva, ha presentado desafíos en torno al desarrollo productivo, del cual tienen perspectivas distintas.

La investigación trató de visibilizar que, a pesar de existir normatividad que regula y protege lo relacionado con la titulación colectiva y los derechos étnicos, “falta mucho camino para alivianar el tema, porque siguen siendo territorios muy pobres. Hay desafíos importantes en términos de cumplir con expectativas y, a la vez, de cuidar el medioambiente”, cuenta Ilene Yissa Cuesta Moreno, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Facultad de Minas de la UNAL Medellín, quien realizó el estudio para su tesis.

Las vocaciones de los consejos comunitarios que aborda la investigación son distintas. El Consejo Comunitario de San Rafael de Neguá es minero y el Consejo Comunitario San Francisco de Ichó (CCSFI) desarrolla principalmente la agricultura, pero actualmente también está adoptando el turismo comunitario dentro del Distrito de Manejo Integrado Selva Pluvial Central Siete Sabias - Esperanza de Vida. Según la investigadora, estas características también imponen nuevos conflictos socioambientales dada la paradoja de conservar de forma estricta o aprovechar los recursos naturales, porque son el único medio de subsistencia con el que cuentan las comunidades.

Al respecto, y luego de realizar entrevistas a campesinos y a miembros del CCFI, la investigación halló que no comprenden de manera clara el concepto de área protegida ni las limitaciones que implica habitar la zona, pese a que se realizó consulta previa. Adicionalmente, se lee en la tesis que llevar a cabo las actividades de turismo comunitario es un desafío, dado que no existe la infraestructura adecuada.

Por otro lado, la minería que se ejerce en el territorio donde se asienta el Consejo Comunitario de San Rafael de Neguá es no legalizada y se realiza en un área de influencia de la Sentencia T-622 de 2016, que reconoce al río Atrato como sujeto de derechos. En torno a este tema confluyen reflexiones que deben tener en cuenta dos consideraciones: una, sobre los derechos de la naturaleza, que son un instrumento jurídico para garantizar la sostenibilidad ambiental y la justicia intergeneracional. La segunda, sobre los derechos bioculturales, que son aquellos que tienen las comunidades étnicas para administrar de manera autónoma los lugares en los que desarrollan su cultura, sus tradiciones y su forma de vida.

“En la tesis no se plantea quitarles de tajo el ejercicio de las actividades de subsistencia en la minería, sino que se les dé la posibilidad de hacerlo de forma legal, de acceder a procesos de formalización que incluyan la reconversión y la diversificación productiva, porque la Ley 70 (de 1993 o Ley de las negritudes) definió actividades de subsistencia, pero en pequeña escala, no definió algunas para generar réditos”, comenta.

Aparece, entonces, el Estado, que para Ilene Yissa y de acuerdo con el estudio, tiene dos roles: el de la regulación de las tensiones pero, a la vez, él mismo puede generar conflictos en tanto tiene intereses económicos, igual que empresas privadas de minería que “chocan” con los derechos bioculturales y ambientales, como se lee en el documento de la tesis. De esa parte, dice la investigadora, no hay un plan que permita sustituir la actividad con dignidad.

Para desarrollar el estudio la investigadora se puso en contacto con líderes comunitarios y, a partir de eso, empleó la metodología “Bola de nieve”. De la tesis surgió un avance preliminar de un plan de turismo comunitario y un artículo científico sobre la agricultura regenerativa que se realiza en Cocomacia.

Ilene Yissa es quibdoseña, se formó como abogada y se desempeña como docente investigadora de la Universidad Tecnológica del Chocó. Se autorreconoce como afrocolombiana y aportar al desarrollo de su territorio es una motivación que la impulsó a realizar la tesis, con la cual busca reivindicar la narrativa sobre su departamento, pues, por lo general, se muestra lo negativo, “están las estadísticas del desempleo, que en Quibdó son de los más altos en los últimos 20 años, pero a lo que hay que apostarle es al futuro, a repensar y a darle la vuelta a las situaciones adversas y, aunque hay poquito positivo, pegarnos de eso. Tenemos gente resiliente, con buenas iniciativas y preparada”.

La investigación también hace un llamado al diseño de políticas públicas con visión territorial, que tengan un enfoque diferencial de acuerdo con los contextos y los territorios, “porque para el Estado es muy fácil formular políticas públicas desde Bogotá y mandar un modelo estandarizado, cuando las comunidades negras, del Cauca, raizales y palenqueras, por ejemplo, son diferentes. Colombia es un país pluriétnico y multicultural, y a la hora de la formulación eso no se tiene en cuenta”.

(FIN/KGG)

09 de junio de 2025