Mediante el acuerdo 48 de 2014 se incorporó al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín la protección a moradores como principio rector y se determinó la política pública. Desde mediados del 2016, y en el marco de un contrato interadministrativo con el Departamento Administrativo de Planeación, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, a través de la Escuela de Planeación Urbano-Regional, desarrolló el proceso de formulación de la Política Pública de Protección a Moradores y Actividades Económicas y Productivas (PPPMAEP).

Esta Política aparece en escena como una oportunidad para la ciudad, pues propone una comprensión y aplicación del ordenamiento territorial en clave de derechos (individuales y colectivos), desde la mirada del desarrollo humano integral, la participación, la equidad y el derecho a la ciudad y al territorio.

En el 2016 se implementó una estrategia participativa y de taller formativo en la que se trabajó con actores territoriales, con los habitantes afectados por las obras de desarrollo y con los potencialmente impactados por planes de renovación, obras de infraestructura o macroproyectos contemplados en el POT.

“Hablamos de los habitantes de Naranjal, territorio objeto de un plan de renovación urbana; con pobladores impactados por el Puente de la Madre Laura; con los de Ciudadela Nuevo Occidente, que es un complejo habitacional desarrollado en el contexto del Plan Parcial de Pajarito; con líderes y habitantes del Tranvía de Ayacucho, del Túnel de Oriente y Occidente, del Parque Arví, Moravia y otras comunidades, ya que era fundamental partir de las experiencias colectivas vividas por los moradores con estos proyectos de intervención”, indicó la profesora Análida Rincón. 

Se incorporaron también actores académicos, ONGs, el Consejo Territorial de Planeación, el Concejo de Medellín, el Departamento Administrativo de Planeación e instituciones del orden municipal. Con estos dos últimos se trabajó a través de una mesa interinstitucional sobre los aprendizajes alrededor de los proyectos y los principales problemas que se han dado en términos de su implementación.

Según lo expuesto por la  profesora, durante los meses en que el equipo de la U.N. ha trabajado en la formulación, se ha logrado con los moradores, instituciones y privados desarrollar contenidos y conceptos de la PPPMAEP, hasta dónde llega, cuál es el problema a intervenir y cuáles son los lineamientos estratégicos y las acciones para lograrla.

La profesora señaló que el proceso de formulación permitió precisar que el morador se define en términos de su relación con el territorio, de  las situaciones y condiciones en las que se encuentra, así mismo debe ser reconocido como un sujeto de derechos, por consiguiente debe ser protagonista y beneficiario del desarrollo de la ciudad. 

“Nosotros planteamos que el morador no es una definición que solamente se formaliza, sino que hay que reconocerlo en cada uno de los territorios, por tanto hay una gran diversidad de moradores que se comprenden desde su relación con su familia, sus vecinos, su comunidad, territorio y ciudad. Todo eso debe tenerse en cuenta en términos de la protección, mejoramiento y sostenibilidad de sus modos y medios de vida”, explicó la docente. 

La formulación de la PPPMAEP propone como ruta orientadora un Protocolo de Protección a Moradores y Actividades Económicas y Productivas que debe vincular al Estado, al sector privado y a las comunidades y sociedad.  Este presenta el proceso que debe llevarse a cabo para proteger a los moradores y habitantes de los territorios objeto de intervenciones en cada uno de los momentos del proyecto, de tal manera que los desarrollos no generen impactos negativos sobre todo en términos de sus capitales: humano (proyecto de vida), social (redes sociales y económicas), económico (sostenibilidad de los medios de vida), físico-espacial (vivienda digna y formas de habitar, entorno y referentes identitarios de espacio público), ambiental (derecho a los servicios ambientales) y jurídico (ejercicio efectivo de los derechos), que han logrado construir durante años en el territorio.

Posterior a la entrega de los productos, resultado de esta fase de formulación, por parte de la Universidad Nacional de Colombia al Departamento Administrativo de Planeación, el Municipio debe identificar los escenarios y mecanismos para su implementación y adopción.

La Política Pública de Protección a Moradores y Actividades Económicas y Productivas, plantea para Medellín varios retos, algunos de ellos:

“El primero tiene que ver con pasar de la protección a moradores como agenda de actores a una agenda común a escala de ciudad en su expresión tanto urbana como rural. Nosotros como ciudad estamos en un proceso de maduración de este tema. El segundo reto debe responder a la necesidad de comenzar a concretar experiencias de protección a moradores en la formulación e implementación de proyectos y  el tercero está relacionado con generar, preparar o ajustar una institucionalidad pública para la definición de los nuevos arreglos y acuerdos entre los diferentes actores involucrados con la implementación de la Política”, precisó la profesora Rincón.

Finalmente, la fase que sigue tiene que ver con la parte financiera (instrumental) de la Política, cuánto vale la protección a moradores y cuáles son las estrategias que se deben llevar a cabo para una implementación de la misma en el tiempo.

“Para poder planificar y ordenar el territorio es necesario reconocer y proteger al morador y sus derechos y eso implica un carácter vinculante, coordinación y participación de los diferentes actores que viven, producen e intervienen el territorio”, concluyó la docente.

(FIN/CST)

06 de abril del 2017