Expertos analizan el reciente fallo del Tribunal Superior de Medellín, que tras tramitar una tutela reclama a Empresas Públicas de Medellín (EPM) y al Estado proteger, mantener y restaurar el río Cauca. Unos celebran la decisión y otros, la cuestionan.

En zonas aledañas al Proyecto Hidroeléctrico de Ituango (Hidroituango) hay 1.870 pescadores certificados como afectados por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) por cuenta de la disminución de la actividad hasta en un 90%, afirma José Libardo Arias, presidente de la Asociación de Pescadores del Bajo Cauca.

La situación, atribuye, es consecuencia del cierre de la compuerta 1 de Hidroituango que se efectuó el 5 de febrero de 2019, cuando el agua dejó de fluir por la casa de máquinas. Al día siguiente el nivel del río Cauca era tan bajo que se produjo la muerte de miles de peces.

Arias ha ejercido el oficio de pescador en las mismas jornadas: de cinco de la mañana a cuatro de la tarde durante 40 años y ahora, después de ser testigo incluso de subiendas en el río Cauca, cuando sale a pescar no obtiene los resultados deseados.

“El daño ya está hecho”, dice, pero tiene ánimos para exigir la protección del afluente. Un respaldo a esa gestión es el fallo del Tribunal Superior de Medellín que recientemente declaró al río Cauca como sujeto de derechos.

“Ya jueces se atrevieron a decir que el río tiene una afectación. Es una buena noticia para nosotros porque vamos a tener más fuerza para reclamar”, asegura.

Esta decisión, que quedó soportada como sentencia, es, “de cierta forma, generar un mecanismo para que las autoridades realicen una verdadera intervención sobre ese río. Eso es lo que significa, en términos generales, declarar un afluente como sujeto de derechos”, explica Álvaro José Henao Mera, profesor de las universidades Pontificia Javeriana e Icesi, en Cali (Valle del Cauca), y abogado de la firma Manglar.

La declaratoria del río Cauca como sujeto de derechos tiene su antecedente en el fallo de la Sentencia T-622 del 10 de noviembre de 2016, que estipuló lo mismo para el río Atrato. Esa, en su momento, fue “revolucionaria no solo en Colombia, sino también en el continente. En el mundo solo se había logrado una decisión así en India y Nueva Zelanda”, se lee en el sitio web del Banco de la República.

Lo novedoso, manifiesta el abogado Henao Mera, tiene que ver con pensar en el principio de desarrollo sostenible e incluso de sustentabilidad, pues se está buscando no solo garantizar un medio ambiente sano sino también necesidades básicas insatisfechas. “Para mí, hacia allá va el cambio de la Corte Constitucional en sus conceptos”, explica.

En la Sentencia referente al río Cauca, el Tribunal Superior de Medellín declara que las generaciones futuras son sujeto de derechos de especialísima protección como a la seguridad alimentaria y al medioambiente sano.

En ese sentido, lo que aducen los accionantes (el senador del Partido Verde, Juan Luis Castro Córdoba y el activista Diego Hernán David Ochoa), es que debido a que ya existe la declaratoria del río Atrato como sujeto de derechos, se debería hacer exactamente lo mismo con el río Cauca y es por el derecho al agua, principalmente, que debe ser preservado.

La Declaratoria para el río Cauca no se hace desde una cuarta categoría de derechos, además de las tres existentes: fundamentales; sociales, económicos y culturales; y colectivos, explica el abogado Henao Mera, sino desde la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales -la cual está consagrada a nivel constitucional-, la defensa y la protección del medioambiente por parte de las autoridades.

Hacerse consciente de la existencia de otros ‘actores’

Con la decisión se empieza a generar un debate importante, según Dolly Cristina Palacio Tamayo, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas e integrante del grupo Procesos Sociales, Territorio y Medioambiente de la Universidad Externado de Colombia.

Expone que el ser humano ha legitimado el uso de la naturaleza para su servicio “y ahí hay una distorsión en la medida en la que él es también parte de ese desarrollo en la Tierra. Ya estamos empezando a entendernos desde ese pensamiento occidental y científico no solo como los sujetos que observan el mundo o lo utilizan, sino como parte del desarrollo mismo y cuyas acciones tienen efectos”.

También así lo cree el abogado Henao Mera, quien explica que una novedad del fallo “es que deja de pensar un poco en ese ser humano que tiene una afectación particular y empieza a reconocer que todo un ecosistema beneficia a comunidades y que, precisamente, lo que se deben preservar son los bienes ecosistémicos. Es un poco cambiar la mirada”.

Esa visión, consignada en la decisión del Tribunal Superior de Medellín es, según Diana Giraldo, integrante de la coordinación nacional del Movimiento Ríos Vivos Colombia, “un gran avance jurídico que puede ayudar a beneficiar en la medida en que los guardianes del río tengan posibilidades de participación para seguir trabajando en la defensa del Cañón del río Cauca”.

Los guardianes a los que ella se refiere son un grupo de personas designadas y un equipo asesor que se diseñará y conformará durante los tres meses siguientes a la notificación del Tribunal Superior de Medellín. En el grupo participará el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Aunap y la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), a fin de que se asegure la efectiva recuperación y conservación del Río.

Asimismo, recibirán acompañamiento de universidades, centros de investigación en recursos naturales, organizaciones ambientales nacionales e internacionales y comunitarias. Precisamente, el fallo, según el documento, solo “cobrará sentido en cuanto se extienda a toda persona o comunidad que habite en la cuenca del río Cauca, sus afluentes y territorios aledaños”, por lo que otorgó efectos intercomunis.

Para Diana Giraldo eso es importante, pues comenta que no se busca que solo sean enviadas directrices desde la entidad que vaya a hacer control y veeduría, sino que se puedan consensuar con las comunidades, pues son ellas “las que han salvaguardado el Río durante años, incluso desde antes de la llegada de los españoles”.

De hecho, el río Cauca es el segundo más significativo para Colombia, después del Magdalena. Su importancia histórica ha tenido que ver con su utilización para comercializar alimentos y herramientas de indígenas o como transporte de colonizadores en varios de los viajes de la expedición conquistadora del norte del Valle de Cauca (ahora Risaralda) y de Antioquia.

Así lo registra el estudio “Río Cauca: la geografía económica de su área de influencia”, realizado en 2015 por investigadores del Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República, el cual menciona también que a finales del siglo XIX comenzó el desarrollo social y económico gracias a la navegación a vapor, y que a principios del siglo XX se impulsó la cosecha cafetera en el Quindío y en el norte del Valle del Cauca, la cual se transportaba hasta Cali por el Río.

Con los años, el río Cauca se volvió escenario de violencia. Datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica indican que hasta noviembre de 2018, según una de sus publicaciones, hubo por lo menos 110 masacres y 2.345 desaparecidos en los 17 municipios que bordean el río Cauca en Antioquia.

La población ribereña ha sido vulnerable, llama la atención el profesor Alexánder Bastidas Marulanda, del Departamento de Economía y coordinador del Laboratorio de Estudios Geográficos y Territoriales de la UNAL Medellín, quien afirma que “paradójicamente en la ribera del Río están personas que no acceden a viviendas o a trabajos y terminan construyendo territorios en torno al afluente, lo que es un riesgo latente”.

Una intención de alcance insuficiente, cuestionan expertos

La nueva norma, en el concepto del profesor Bastidas Marulanda, no va a resolver nada, “a pesar de que digan que de ahí se van a conformar un grupo de guardianes, quienes después, supuestamente, van a dar mejores condiciones del río, pero a la postre, eso se presta más para que poblaciones organizadas en temas comunitarios y políticos reclamen condiciones sociales para ellos y no tanto para la descontaminación del Río como tal”.

Cuestiona la decisión del Tribunal Superior de Medellín, pues está convencido de que es un tema mediático, “de una cierta comunidad que se organiza frente a un tramo del río para protegerlo, pero no de protegerlo todo, que sería el objetivo final”, reafirma.

La profesora Lilian Posada García, del Departamento de Geociencias y Medio Ambiente de la Facultad de Minas de la UNAL Medellín, va más allá y pone en consideración al río Magdalena: “Alrededor de él hay muchos servicios, entonces uno se pregunta: ¿por qué ese, siendo el más importante, la arteria, no lo han declarado como sujeto de derechos? Debe ser porque no está Hidroituango ahí ni EPM”.

Diana Giraldo, la integrante de la coordinación nacional del Movimiento Ríos Vivos Colombia, considera un logro que ahora el río Cauca sea sujeto de derechos, y lo celebra, pero también cree que debería aplicar para la cuenca alta, media y baja “porque estamos hablando de un ecosistema. Un río no es un fragmento, es una conexión de relaciones en un territorio. No podemos hablar de un ecosistema de manera fragmentada”.

(FIN/KGG)

3 de julio del 2019