Según datos de Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat), en la actualidad la mayoría de la población del planeta habita en ciudades. En Colombia, por ejemplo, el 78% de las personas vive en 41 urbes que tienen más de 100 mil habitantes. El crecimiento poblacional y la migración de lo rural a lo urbano a nivel mundial reclama medidas efectivas de control urbanístico.

A propósito, el personero de Medellín, Guillermo Durán Uribe, apuntó que hacia 1921 la capital del departamento de Antioquia contaba con menos de 100 mil habitantes (91mil aproximadamente). “Un siglo después, año 2018, tenemos un censo aproximado de dos millones 529 mil; lo que da cuenta del crecimiento desbordado de la ciudad, es más, hoy podemos ver las laderas repletas de casas, ello da pie a la pregunta por el interés que ha puesto el Estado en el urbanismo desmedido del país”, explicó.

La ordenación territorial y urbanística son funciones públicas que ayudan a definir los usos del territorio y del suelo bajo un enfoque de interés general. En Colombia la Constitución Política es la norma básica que da los lineamientos al respecto, además están las leyes 388 de 1997, la 1796 de 2016 y el Decreto Único Reglamentario del sector vivienda en cuanto a control urbano 1203 de 2017, entre otras.

No obstante la amplia normativa, uno de los problemas más urgentes del país en cuanto a control urbanístico tiene que ver con la capacidad de los municipios, entidades fundamentales de la división político-administrativa del Estado a las que se les ha encomendado el ordenamiento de sus territorios para ejercer el control adecuado. “Esto en función de recursos técnicos, humanos y presupuestales. De ahí que uno de los desafíos cruciales sea lograr que el control se haga en línea de un desarrollo más efectivo y que tenga más en cuenta las diferentes realidades de las ciudades”, comentó la procuradora delegada para la Moralidad Pública, Olga Lucía Alfonso Velásquez.

En el mismo sentido, Alfredo Manrique Reyes, especialista senior ONU-Habitat, señaló que, aunque las urbes son importantes polos que jalonan el desarrollo, el sistema de ciudades colombiano no se ha usado de manera eficiente para superar las asimetrías del progreso regional; “como consecuencia el país todavía tiene territorios donde se vive sin servicios públicos, sin servicios sanitarios, sin energía eléctrica, sin vías”, dijo.

Lo anterior es el resultado del ejercicio ineficiente del control urbanístico, lo cual, además, genera corrupción, deterioro del bien común, daños en la estructura urbana, distorsión en las fuerzas del mercado inmobiliario de la tierra y la construcción, víctimas, segmentación de las ciudades, violaciones a los derechos fundamentales y altos costos económicos para el país. Lo casos de los edificios Space (2013) y Bernavento (2018) en Medellín, ejemplifican bien la situación.

Otra arista importante relacionada con el control urbanístico tiene que ver con la relación entre los entornos urbanos y rurales, esto dado que garantizar la calidad de vida del campo repercute directamente en la de las urbes. “Este es uno de los mensajes de la Nueva Agenda Urbana, que es una carta de navegación para el desarrollo de las ciudades producto de la Cumbre Mundial de Hábitat III vinculante para Colombia”, dijo Manrique Reyes.

Un pacto sobre lo fundamental

El derecho a las ciudades es otro de los tópicos que plantea la Agenda, el cual implica que quienes las habitan puedan incidir de manera directa y efectiva en el diseño y planeación de su entorno y, por su puesto, en el disfrute del mismo. “Eso significa que las urbes deben ser espacio para la garantía y vivencia de los derechos humanos, y no simplemente espacios de mercado donde la vida es también una mercancía”, precisó Manrique Reyes.

Frente al panorama del control urbanístico en el país, el cual debe apuntar no a la sanción sino a la prevención con el fin de alcanzar los fines del Estado Social de Derecho, el decano de la Facultad de Arquitectura de la U.N. Sede Medellín, Juan Pablo Duque, resaltó que la academia tiene un papel fundamental en la identificación y resolución de problemáticas que se vislumbran complejas.

“La academia es un actor que puede generar alianzas con actores públicos, privados y comunitarios para contribuir a la comprensión de las dinámicas y problemáticas urbanas y territoriales y de esta manera al fortalecimiento del Estado y la sociedad para resolver los desafíos del desarrollo”, en el mismo orden, recordó que desde hace seis años la Facultad y la Personería de Medellín adelantan una alianza estratégica para desarrollar un trabajo colaborativo a través del Observatorio de Reasentamientos y Movimientos de Población, el cual ha liderado en la ciudad la protección a moradores y la resolución de conflictos entre partes.

Las ciudades latinoamericanas surgieron a partir de las Leyes de Indias, además de regular cómo y en qué sitios debían construirse, determinaban dónde vivían los indígenas, los negros y los españoles, por eso, las ciudades nacieron segregadas. En 2025 será Santa Marta la primera urbe del continente en cumplir 500 años, para entonces, el reto es superar esa segregación socio-espacial heredada que siguen padeciendo los territorios.

“Hoy tenemos ciudades donde no cabemos todos y donde hay estigmatización por territorio, raza, formas de ser o vivir, y demás. Próximo a ese aniversario hay que hacer un pacto de convivencia para que todos quepamos; un pacto sobre lo fundamental de lo que significa el derecho a la ciudad, y construir espacios donde quepamos todos”, precisó el especialista ONU-Habitat, Alfredo Manrique Reyes.

Estas reflexiones se dieron en el contexto del Seminario Internacional El Control Urbanístico y la Nueva Agenda Urbana, organizado por la Personería de Medellín, ONU-Habitat, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Universidad Nacional de Colombia.

(FIN/CST)

6 de diciembre del 2018