Expertos de la U.N. y la Universidad de Antioquia analizan el ingreso del país, de acuerdo a sus posibilidades, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). ¿Qué beneficios o limitaciones tiene para Colombia hacer parte de este grupo?

Para Álvaro Zerda Sarmiento, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Sede Bogotá de la U.N., ingresar a esta Organización es una especie de certificación frente a entidades de crédito internacional, lo que permite igualarse a un conjunto de países que muestran buenas prácticas de gestión pública.

Además, y dadas las reglas que establece la OCDE en cuanto al diseño y gestión de la política pública, la cual está enmarcada en un criterio de buen comportamiento, esto representaría para el país ceder soberanía.

“Si se siguen estos lineamientos representa la introducción en distintos rubros del manejo político, algunas condiciones de seguimiento, control y ajuste normativo para establecer reglas de mercado dentro de una concepción de libre comercio internacional y libre mercado en el contexto nacional, de tal manera que el Estado sólo se limite a actividades de regulación, de establecimiento de un marco normativo y de estabilidad macroeconómica para que las actividades tengan un buen desarrollo”, expresó Zerda Sarmiento.

Esto significaría, según el académico, que acciones propias del país no se puedan desarrollar porque son contraproducentes o contradicen las ideas de esta Organización.

“Un ejemplo claro es que la elaboración de una propuesta de desarrollo de la industria como motor e impulsor de economía, la cual requiere ciertos mecanismos de protección de algunos segmentos de mercado o diseños de incentivos para estimular la inversión y el empleo en algunos sectores industriales, puede ser mal visto dentro del marco de las buenas prácticas de la OCDE, lo que estaría limitando la estrategia de desarrollo autónomo del país”, añadió el docente.

Por su parte, Giovany Areiza Madrid, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, considera que el ingreso a esta Organización es un arma de doble filo, pues por un lado, da relevancia en el ámbito económico, posicionamiento de la imagen de país y de reforma institucional, pero por otro pone en desigualdad a la nación en cuanto a los estándares que la OCDE maneja para sus mediciones.

“Esto implica hacer reformas muy grandes y resolver problemas estructurales como salvaguardar los derechos humanos de los líderes sociales o sindicales, más allá del proceso de paz el cual era otro requisito para entrar, pero además implica un proceso de exclusión porque Colombia no es líder en industrialización, tiene informalidad en el trabajo y contratación indebida que genera que los derechos laborales sean difíciles de garantizar y que la brecha de desigualdad no se solucione de la mejor manera”, expresó Areiza Madrid.

“La sociedad poco se beneficia”

Según el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N. Sede Bogotá, las implicaciones sociales que tiene el haber firmado el ingreso a la OCDE son contraproducentes, pues temas como el acceso al conocimiento y el establecimiento de precios de los medicamentos perjudican seriamente al ciudadano de a pie.

No obstante, la Presidencia de la República, en su sitio web, afirma que “esta Organización recomienda políticas para mejorar la calidad de vida de las personas. En educación, compara los sistemas escolares de los diferentes países y cómo preparan a sus jóvenes para la vida moderna”.

Situación con la que no está de acuerdo el profesor Álvaro Zerda, pues precisa que en la educación “también hay unos condicionantes que tienen que ser medidos a través de los resultados de las pruebas PISA, y es un sistema educativo que no tiene mucha conexión con nuestra realidad y la pertinencia que tiene en la formación de ciudadanos para nuestro país”.

Opinión contraria manifiesta el profesor Giovany Areiza Madrid, para quien la sociedad es la mayor beneficiada con el ingreso a la OCDE.

“La ciudadanía es la que más se beneficia, por eso la organización es llamada de cooperación para el desarrollo y es allí donde el país tiene un reto fundamental para solucionar el problema laboral y de salarios, es decir, esto también aprieta el cinturón del gobierno y le exige toma de decisiones y formulación de políticas públicas, micro y macroeconómicas para lograr esos resultados o principios fundamentales que están dirigidos al ciudadano de a pie”, puntualizó.

Sin embargo, Areiza Madrid agrega que, aunque el beneficio es principalmente para los ciudadanos, el hecho que Colombia sea medida con estándares muy altos siendo un país que apenas sale de un conflicto armado es contraproducente pues puede desviar la atención de lo realmente importante.

La regulación de los precios de los medicamentos, política del Ministerio de Salud para proteger a los ciudadanos de los altos costos que en otros países tienen precios hasta 10 veces menores, ha sido uno de los peros que ha puesto la OCDE.  Caso similar se presenta con la política de chatarrización, que contempla que para ingresar un camión nuevo a Colombia se debe liberar un cupo de un vehículo viejo y que ha generado cierto recelo ante los ojos de los estados miembros de esta Organización.

Por otra parte, lo que sí reconoce el profesor Zerda Sarmiento como importante y de beneficio común para la ciudadanía son las medidas a la protección de los sindicalistas y la gestión integral de los residuos sólidos, que estaban en mora de ser cumplidas antes de aspirar a la admisión en este organismo internacional.

“En últimas, el que menos se beneficia es el ciudadano, por la propiedad intelectual y la regulación farmacéutica, las empresas se encuentran en un escalón medio en la medida que se establezcan normas más laxas o de libertad de mercado que les puede beneficiar y el mayor beneficiado es el gobierno pues este no compromete nada y mejoraría sus prácticas hacia el establecimiento de condiciones estándar”, concluyó el docente de la U.N.

(FIN/AGG)

27 de agosto del 2018